Costa Rica presentó su primer Informe Bianual de Transparencia (BTR)

• Con el 26% del territorio nacional protegido (SINAC,2023), el país ha avanzado en la implementación de infraestructuras verdes, la ampliación del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), con categorías adicionales en biodiversidad, cambio climático y el PSA Marino.

• Contribución de emisiones del sector agricultura disminuyó del 47,5 % en 1990 al 21,8 % en 2021, producto de la reducción del hato ganadero y mejoras en las prácticas de manejo.

• Informe destaca esfuerzo el esfuerzo de sustitución del consumo de hexafloruro de azufre, uno de los GEI, en el subsector de transmisión y distribución de electricidad.

Costa Rica presentó ante la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) el primer Informe Bienal de Transparencia (BTR) reiterando una vez más su compromiso con la meta global de limitar el aumento de la temperatura media mundial en 2° C por encima de los niveles preindustriales, procurando limitarlos a 1.5 °C.

 Para alcanzar esta meta, se persigue una mayor transformación tecnológica, que contribuya con la descarbonización y la transición energética con un enfoque de transición justa, por medio del compromiso con las políticas públicas necesarias, el fomento de la gobernanza y la participación todos los actores que contribuyan a alcanzar las metas propuestas en la acción climática, incluyendo el objetivo de contar con una Ley Marco de Cambio Climático.

 Este primer BTR es muestra de que Costa Rica tiene clara la relevancia de la agenda de cambio climático y su alcance multisectorial y multiactoral. Los objetivos alcanzados y las lecciones aprendidas serán esenciales para la efectividad de las nuevas contribuciones hacia la segunda transición energética como política pública. Contamos con una matriz de energía eléctrica basada casi en 100% en fuentes renovables desde hace ya varias décadas y procuramos avanzar en la descarbonización (principalmente la electrificación del resto de la energía) y la adaptación al cambio climático, apostando por programas como Agropaisajes Sostenibles, que consolida la reducción de agroquímicos y la acción climática, y el Pago por Servicios Ambientales (PSA) terrestres y marinos, que integra nuevos contextos y prioridades del país en la gestión ambiental y del cambio climático.

 Según explicó el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, este BTR evidencia el interés del país en mantener la ambición climática tanto en la mitigación como en la adaptación del cambio climático, lo que es esencial no solo para cumplir con la posición histórica que el país ha asumido ante la conservación del ambiente, sino también para seguir atendiendo la agenda nacional en esta materia.

 "Nuestra agenda requiere de una mayor transformación tecnológica que contribuya con la descarbonización y la transición energética con un enfoque de transición justa. Es así como se demuestra el compromiso con las políticas públicas vigentes y el interés en fomentar la gobernanza en torno a ellas, buscando la participación de la sociedad civil y del sector privado para alcanzar las metas en acción climática. Este fortalecimiento de la gobernanza también incluye el objetivo de contar con una Ley Marco de Cambio Climático", subrayó el jerarca.

 El BTR cuenta entre sus contenidos con el 7mo. Inventario Nacional de Emisiones de Gases con Efecto Invernadero (INGEI), el cual abarca las estimaciones de emisiones y absorciones desde 1990 hasta 2021 y se realizó empleando el Balance Energético preparado por el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE); incluye todos los gases y sectores requeridos: Energía; Procesos Industriales y Uso de Otros Productos (IPPU); Agricultura; Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (FOLU); Residuos.

El año de referencia empleado para el INGEI es 2021, y se basa en el último balance energético nacional. Este es un aspecto relevante en relación con el comportamiento de las emisiones de GEI, dado el efecto de la pandemia de Covid 19. Tal es el caso del dióxido de carbono, que mantenía una tendencia a la baja desde 1990 - por causa de la reducción de la deforestación y el aumento de las absorciones de GEI -, pero repunta en el bienio del 2020 al 2021, debido a la reactivación de la economía.

Aspectos positivos en el comportamiento del país con respecto a emisiones de GEI:

1. El sector "Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura" (UTCUTS) ha mostrado una tendencia a la baja en emisiones netas desde 1990, que se sostiene durante el último período de análisis (a 2021).

2. Las emisiones netas (incluyendo de "Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura", (UTCUTS) han disminuido un 65,7% desde 1990.

3. El dióxido de carbono neto disminuyó un 83,2 % debido al aumento de las absorciones, en los últimos 31 años.

4. En cuanto al cambio anual de las emisiones netas de los tres principales gases en relación con 1990, se observó que el dióxido de carbono mantiene su tendencia a la baja, impulsada por el sector de "Uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura" (UTCUTS), gracias a la reducción de la deforestación y al aumento de las absorciones.

5. Las emisiones de óxido de nitrógeno también mostraron una caída del 24 % desde 1990, con estabilidad en ese comportamiento en el período analizado.

6. Las emisiones de hexafloruro de azufre fueron un 37,6 % menores que en 1990, debido al esfuerzo de sustitución en su consumo que se han venido realizando en el subsector de transmisión y distribución de electricidad.

7. La contribución de emisiones del sector agricultura disminuyó del 47,5 % en 1990 al 21,8 % en 2021, producto de la reducción del hato ganadero y mejoras en las prácticas de manejo.

Con el 26% del territorio nacional protegido (SINAC,2023), se ha avanzado en la implementación de infraestructuras verdes, la ampliación del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), con categorías adicionales, como la biodiversidad y el cambio climático y el PSA Marino, que beneficia prácticas ambientales en el sector costero y pesquero. Las áreas protegidas y los corredores biológicos, además del PSA, contribuyen con los servicios ecosistémicos y la captura de carbono, fortalecen la resiliencia como condición adaptativa y han sido fundamentales para alcanzar una cobertura forestal del 60% del territorio nacional. Pese a lo anterior, el país enfrenta el peso recurrente de daños y pérdidas por desastres, ante condiciones de vulnerabilidad, amenazas climáticas, y presión sobre los recursos naturales.

La CNE estimó que entre 2005 y 2017 se registraron pérdidas por US$ 2.210 millones, en los rubros de infraestructura, servicios y producción (MINAE, 2018), muchas de ellas vinculadas con eventos hidrometeorológicos y climáticos. El impacto de estas cifras es significativo a nivel fiscal. Por ejemplo, solo las pérdidas totales registradas por el impacto de la tormenta tropical Nate en 2017 sumaron US$ 577 millones, equivalente al 1% del Producto Interno Bruto Anual para ese año (World Bank, 2018). A esas circunstancias se agregó la pandemia del Covid 19.  Obsérvese en el gráfico adjunto el efecto económico de las pérdidas y daños en el periodo 2022-2024:

 Costa Rica insistió en la COP29 en Bakú, Azebaijan, en la necesidad de los países en desarrollo de mantener la ambición climática priorizando la adaptación ante el cambio climático, y el apoyo requerido en los medios habilitantes y de implementación, así como la defensa de los fondos internacionales, tales como el Fondo de Adaptación. Para Costa Rica es esencial avanzar en la mitigación del cambio climático y aumentar la resiliencia, para reducir el gasto por daños y pérdidas ante los desastres, considerando entre otros aspectos, la gestión de los medios de vida, tales como los que sustentan al sector agropecuario y agroindustrial, que representan cerca del 25% del PIB y del 25% del empleo nacional y aquellos de los que dependen algunas de las comunidades más vulnerables.

Uno de los logros para enfrentar esa situación es la presentación de la primera "Estrategia Nacional de Gestión Financiera del Riesgo de Desastres de Costa Rica", aprobada en 2024, que aportará acciones pertinentes para crear mejores condiciones en el entorno económico y financiero, asociadas con el riesgo por amenazas climáticas. En el ámbito técnico y tecnológico, la CNE desarrolló un análisis de riesgo sistémico con base en el Marco Global de Evaluación de Riesgos para fortalecer la capacidad en la aplicación de los datos del riesgo de desastres, para delimitar los escenarios futuros y complejos en el análisis integral, con especial énfasis en la infraestructura esencial de servicios, Evaluación de Necesidades de Recuperación Post Desastre y evaluación probabilística del riesgo. Por su parte, la DCC MINAE con el apoyo del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) adaptó para Costa Rica la metodología del Protocolo de análisis de riesgo de la infraestructura por los efectos del cambio climático, en el marco del Proyecto "Plan A: "Territorios Resilientes", que culminó en 2024 y fue apoyado por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

 Otras iniciativas que actualmente contribuyen con objetivos similares incluyen el Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura (PROERI), del BCIE, que tiene como objetivo atender 502 obras de infraestructura pública en riesgo inminente y emergencia (fondo de US$ 700 millones con participación de CNE, CONAVI, MEP, INCOFER y el MIVAH); Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima (US$370 millones), y el CATASTROPHE DEFERRED DRAWDOWN OPTION (CAT-DDO), que constituye una opción de desembolso diferido por desastres (US$ 160 millones); Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad en la Acción Climática, con el FMI (fondo de hasta US$ 725 millones).

La NDC 3.0 (2025-2030) estará alineada no sólo con el Plan Nacional de Descarbonización (2018-2050), el Plan Nacional de Adaptación (2022-2026), y el Plan Estratégico Nacional 2020-2050, sino también con la metodología del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP).  Los objetivos alcanzados y las lecciones aprendidas serán esenciales para la efectividad de las nuevas contribuciones en la transición energética hacia la descarbonización y el progreso en la adaptación ante el cambio climático que conduzca a la trasformación de nuestra relación con el ambiente y el desarrollo humano, con la apuesta en programas como Agropaisajes Sostenibles y el Pago por Servicios Ambientales (PSA) terrestres y marinos.

 El BTR sustituye al Informe Bianual de Actualización (BUR, por sus siglas en inglés), y forma parte del Marco Mejorado de Transparencia (ETF, por sus siglas en inglés) de este acuerdo global. El año de referencia para medir el avance en las acciones ante el cambio climático con respecto a la NDC es el 2021, dado que es el mismo al que corresponde el último Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y a su vez, el balance energético actualizado que fue utilizado en este análisis.